WSJ: Morgan Stanley, investigado por permitir que cliente venezolano usara su cuenta para lavar dinero

El gigante financiero Morgan Stanley ha sido objeto de una investigación después de descubrir que uno de sus clientes de corretaje había sido condenado en 2005 en un tribunal estadounidense por mentir en investigaciones relacionadas con terrorismo y por estar vinculado a los atentados de Al Qaeda en las embajadas de EE. UU.

La división de gestión de patrimonios de Morgan Stanley, que administra alrededor de 6 billones de dólares en activos y representa casi la mitad de los ingresos de la empresa, está bajo escrutinio. Según informes previos, diversas agencias federales, como el Departamento de Justicia, la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores, y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, están investigando los procedimientos del banco para asegurarse de que cumple con las normativas contra el lavado de dinero.

Recientemente, se filtraron documentos internos que incluyen correos electrónicos, registros de chats y entrevistas con casi 20 empleados actuales y anteriores, que revelan prácticas dentro del banco que podrían no ajustarse a los estándares regulatorios exigidos.

Morgan Stanley ha sido señalado por atraer a clientes de países conocidos por su corrupción financiera y narcotráfico, como Venezuela. Los investigadores están evaluando si el banco permitió que se lavaran fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, relacionados con un exministro del gobierno venezolano.

En América Latina, Morgan Stanley continuó expandiendo sus operaciones mientras otros bancos se retiraban debido a los riesgos asociados con la falta de control sobre la calidad de sus clientes. Desde 2015, el banco se hizo cargo de gran parte del negocio latinoamericano de Credit Suisse y comenzó a reclutar asesores de Wells Fargo y UBS, quienes tenían cuentas venezolanas significativas.

Varios ejecutivos de Morgan Stanley señalaron que los asesores financieros especializados en clientes latinoamericanos a menudo mantenían conexiones personales con ellos a través de familiares o amigos y preferían no presionar demasiado para documentar el origen de la riqueza de sus clientes. En algunos casos, los ejecutivos volaron a América Latina para reunirse con clientes después de que surgieran preocupaciones, como el caso de un cliente que admitió ocultar fondos en un banco europeo. Posteriormente, el banco dio instrucciones de cortar relaciones con algunos de esos clientes.

Morgan Stanley también enfrentó dificultades con la falta de personal que hablara español con fluidez en su equipo de investigación. Desde 2019, se contrató personal temporal de habla hispana para revisar documentos de cuentas ya aprobadas. Sin embargo, se descubrió que algunos clientes no habían proporcionado toda la documentación que explicara el origen de sus fondos. Por ejemplo, aunque algunos alegaban que sus fondos provenían de la venta de propiedades, la documentación mostraba que no tenían pruebas completas de las transacciones.

Además, hubo retrasos en la verificación de más de 4.000 cuentas en América, con algunos informes de diligencia debida retrasados por más de dos meses. A pesar de las señales de alerta, Morgan Stanley no actuó con rapidez en algunos casos.

La investigación también se centra en un cliente venezolano, Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien según informes previos ayudó a un exministro de Petróleo de Venezuela a lavar dinero a través del banco. El banco había presentado un informe de actividad sospechosa ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) en 2016, después de aceptar transferencias bancarias de alrededor de 100 millones de dólares en 2014 y 2015. El informe sugiere que el cliente utilizó su cuenta para recibir fondos vinculados a un esquema de sobornos.

El Departamento de Justicia y otras agencias siguen investigando por qué Morgan Stanley manejó las inversiones de Rodríguez Cabello a pesar de las señales de alerta en su cuenta.

Además, un equipo de control de calidad descubrió errores en el 27% de los informes de los empleados encargados de revisar casos de lavado de dinero, lo que indica fallos sistemáticos en el proceso de monitoreo y reporte de actividades sospechosas. La investigación continúa en curso.